Entre las medidas que deben ser aclaradas está el control de temperatura en el interior de los comercios detallistas de carnicería, charcutería, pollería y casquería, y solicitan que no sea de aplicación a este tipo de establecimientos al verse ya afectados por la normativa en materia de seguridad alimentaria.
Manifiesta asimismo su descontento por la ausencia de consultas y diálogo por parte del Gobierno a la hora de establecer las medidas que afectan directamente a las particularidades de su colectivo de establecimientos, y reclama la revisión de la norma.
CEDECARNE, la Confederación Española de Detallistas de la Carne, quiere mostrar su preocupación por algunas de las medidas recogidas en el Real Decreto de medidas de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno, y solicita una clarificación en relación con la aplicación de las mismas para evitar la inseguridad jurídica que puede suponer para las empresas del comercio especializado de carnes y derivados. Asimismo, considera que el Gobierno debería haber tenido en cuenta la opinión de los comerciantes a la hora de tener en cuenta cuestiones importantes como el tipo de establecimiento, su tamaño, el producto que vende o su ubicación geográfica, a la hora de fijar las temperaturas máximas y mínimas dentro de los establecimientos.
Entre las medidas aprobadas que preocupan al sector, y que necesitan que sean clarificadas por parte de las administraciones, está el del control de la temperatura en los establecimientos. Desde el comercio especializado de carnes y derivados se entiende que, en base a la propia normativa en materia de seguridad alimentaria, no deben serles de aplicación las medidas en cuanto a control de temperatura, no sólo en los obradores sino en las dependencias de venta.
Para Cedecarne, la norma, además, entra en clara contradicción con otras normativas existentes, y en algunos casos son de difícil cumplimiento, por ejemplo, con la normativa laboral, generando una inseguridad jurídica en las empresas del sector que, una vez más, pueden verse sujetas a criterios interpretativos particulares. Así, limitar el aire acondicionado de los establecimientos a 27 grados contradice con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo que fija la ley.
Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta que las nuevas obligaciones conllevarán un incremento de los gastos que debe asumir el empresario del comercio cárnico de proximidad y que vienen a sumarse a los que ya viene soportando, como el incremento de los costes de las materias primas y de la energía y los combustibles, entre otros, lo que hace que las carnicerías, pollerías, casquerías y charcuterías estén asumiendo una carga que hasta ahora no se ha visto trasladada en los precios al consumidor, aunque esta situación no puede seguir siendo sostenible en el tiempo. Cabe señalar que todas estas duras condiciones han llevado a la desaparición de un 8% de empresas en este sector en los últimos cinco años, por lo que urge que a las administraciones medidas que reviertan este escenario. La Confederación empresarial solicita en este sentido que se habiliten las ayudas económicas necesarias para facilitar su cumplimiento a un sector que viene soportando en los últimos años nuevas obligaciones económicas (impuestos asociados al plástico, a los gases flourados, medidas covid, entre otras) y se revisen los plazos para permitir a las empresas del sector, micropymes familiares en su mayoría, la adaptación a la nueva norma.
Responsabilidad medioambiental del sector detallista de la carne
No obstante, Cedecarne entiende que es razonable poner en marcha un plan de ahorro energético y comparte el espíritu del real decreto dado su compromiso medioambiental que mantienen sus empresas, las primeras interesadas en ahorrar costes energéticos. De hecho, el comercio especializado de carnes y derivados lleva años invirtiendo en sus empresas para contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, mejorando su eficiencia y contribuyendo al ahorro energético.
Desde Cedecarne se continúa trabajando para sumar esfuerzos que mejoren la sostenibilidad medioambiental, pero también la económica y la social, y confía en que las administraciones tengan en cuenta el conocimiento y la experiencia que, desde el sector del comercio especializado de carnes y derivados, pueden poner a disposición de las administraciones públicas a la hora de elaborar normativas.
