Debido a las recientes informaciones relativas a un posible paro en el sector del transporte por carretera, las asociaciones empresariales FIAB, AECOC, ACES, ANGED, ASEDAS, CEDECARNE, FEDEPESCA, HOSTELERÍA DE ESPAÑA, organizaciones agrarias -ASAJA, COAG y UPA, Cooperativas Agroalimentarias y representantes de los sectores agroalimentario español y de hostelería se unen para hacer hincapié en la imposibilidad que supondría para la cadena agroalimentaria volver a hacer frente a una situación que implicara de nuevo la interrupción de este sistema de transporte.
De esta manera, al sector productor, la industria y la distribución alimentarias muestran su intranquilidad ante una repetición de los acontecimientos que ya se produjeron durante el mes de marzo, y que generaron graves problemas en la cadena de abastecimiento de productos alimentarios de primera necesidad, y que podrían volver a provocar graves consecuencias sobre empresas y consumidores.
Así, los representantes de la cadena alimentaria manifiestan que:
- La cadena agroalimentaria se encarga de prestar un servicio que fue reconocido como esencial durante la pandemia de Covid-19, abasteciendo de productos alimenticios a la población y, por tanto, ofreciendo un servicio básico y necesario. Esta esencialidad implica garantizar el derecho de la ciudadanía a tener siempre acceso a este servicio público, así como de los operadores a prestarlo ante cualquier circunstancia.
- El sector productor agrario se encuentra actualmente sumido en plena campaña de fruta de verano. Dentro de la producción española, una parte importante se destina al mercado internacional. Este paro del transporte dificultaría con creces poder responder a esta demanda internacional, lo que implicaría una importante pérdida de prestigio y valor, logrados a lo largo de los años por el sector productor español, que vería de igual forma su cuota de mercado internacional reducida con creces. Esto, resulta especialmente nocivo en momentos como el actual, en el que la campaña acaba de iniciarse y existe el riego de que se termine desechando gran parte de la producción actual de alimentos perecederos, como es la fruta, con los graves daños y perjuicios que esto implicaría.
- La eficacia con la que se trabaja a lo largo de toda la cadena hace posible que los productos frescos lleguen en perfectas condiciones desde su recolección al consumidor en 24 horas o menos. Esto supone que la capacidad de almacenaje sea mínima y, al ser productos perecederos, la imposibilidad de transportarlos supondría grandes pérdidas de producto; aumentando, consecuentemente, tanto el desperdicio de alimentos como sus costes económicos, sociales, medioambientales y reputacionales.
- Es posible que la industria alimentaria sufra también paros en su actividad si los productos básicos no llegan a las fábricas y, de igual forma, experimentar un incremento de los costes derivados de la conservación de alimentos, así como de su pérdida. Lograr recuperar la actividad de forma normalizada puede prolongarse durante varias semanas, haciendo que crezcan los problemas de desabastecimiento de la población.
- Por su parte, la distribución alimentaria se ve obligada a realizar un sobreesfuerzo a la hora de redistribuir los alimentos a los diferentes puntos de venta y de reorganizar el surtido disponible para no dejar a la población desabastecida. La posibilidad de cierre de comercios -con las graves consecuencias que esto supondría, en ocasiones, para poblaciones enteras-, la presión sobre los trabajadores -que se ven obligados a enfrentarse a situaciones de estrés por parte de los consumidores- y la dificultad para recuperar de manera rápida el suministro son otras de las consecuencias que afectan al comercio del país en su conjunto.
- La hostelería, restauración y turismo pueden volver a ver su abastecimiento amenazado en plena campaña de verano, después de haber a travesado las consecuentes dificultades relativas a la pandemia. Esto supondría un grave perjuicio para la imagen de España como destino turístico tanto a nivel nacional como internacional.
- Por último, aunque el producto no llegue a salir de las cooperativas y el funcionamiento de los negocios no se pueda garantizar, todos los operadores de la cadena deben hacer frente de igual manera al pago de salarios, impuestos, cotizaciones, inputs agrícolas y ganaderos y demás gastos ineludibles que implican cuantiosas pérdidas económicas. En este sentido, los cálculos reflejan que el amago de paro durante el mes de diciembre de 2021 y la huelga del pasado mes de marzo supusieron unas pérdidas de más de 850 millones de euros.
Tanto la cadena agroalimentaria como el conjunto de la sociedad viven una situación complicada, marcada por unos niveles de inflación que nunca antes se habían visto en nuestro país. Teniendo esto en cuenta, la cadena de valor agroalimentaria realiza un importante esfuerzo para que el consumidor se vea lo menos perjudicado posible en lo que al alza de precios, dificultad de acceso a materias primas, presión fiscal y coste regulatorio que sufre el sector se refiere, pero también trabaja por paliar lo máximo posible los efectos del anterior paro del transporte, del que algunas cadenas de suministro continúan recuperándose.
En definitiva, volver a detener la actividad del transporte por carretera podría implicar importantes pérdidas de muchos operadores del sector, que sostienen difícilmente una situación económica y geopolítica nunca vista. Por tanto, los firmantes piden a todo el sector del transporte que no vuelvan a someter a la sociedad a una amenaza y que valoren la complicada tesitura en la que se encuentre el sector esencial, como es el de la agroalimentación, que trabaja diariamente por garantizar el abastecimiento de alimentos y productos esenciales a toda la sociedad española.
